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Piden que el Gobierno informe quiénes son los presos que fueron beneficiados con arresto domiciliario, qué delito cometieron y en qué barrios viven

La presentación se dirigió al Ministerio de Justicia en el marco de la ley de acceso a la información pública

Por Patricia Blanco

Un abogado penalista presentó hoy un pedido de informes a la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, en el marco del acceso a la información pública para que el Estado aporte un listado con nombre completo, delito imputado o cometido y zona geográfica donde cumplirán prisión domiciliaria los presos beneficiados que pudieron salir de la cárcel en medio de la pandemia.

El reclamo apunta a los detenidos en el marco de delitos cometidos en la Justicia federal (corrupción, secuestros extorsivos, tráfico de grandes grandes cantidad de drogas o lesa humanidad) y a la Justicia criminal y correccional de la Capital Federal (por delitos comunes como homicidios, robos, lesiones, femicidios o violencia de género).

“Soy abogado pero la presentación la hice desde mi condición de ciudadano. Hay una preocupación social porque no se quiere a un delincuente acusado de delitos graves viviendo al lado de la casa, y como todos tenemos derecho a la información pública y las sentencias judiciales también son de acceso público, no veo por qué no podemos tener acceso a ese listado”, dijo a Infobae el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, responsable de la presentación.

El detalle que se busca, explicó el abogado, es el nombre del imputado y el delito cometido, y aclaró que se pedía la zona donde iba a cumplirse la detención domiciliaria, porque entendía que brindar una dirección exacta podía ser “dudoso” desde el punto de vista constitucional.

“A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, había dicho esta mañana la ministra Losardo en una serie de declaraciones radiales.

En simultáneo a esas declaraciones, el escrito presentado ante el Ministerio de Justicia y dirigido a la ministra señala: “Me dirijo a usted primeramente para hacerle saber mi preocupación como ciudadano debido a la salida generalizada de presos que se está llevando adelante bajo la forma de prisión domiciliaria”.

“En ese contexto, señora ministra, entiendo que se está utilizando como excusa la pandemia en la cual nos encontramos debido al COVID-19 para llevar adelante una política de Estado que ignora de lleno la seguridad pública y que omite deliberadamente el carácter delincuencial actual o eventual de los liberados y su consecuente peligrosidad con los riesgos que ello implica”, afirmó Sarubbi Benítez.

En ese marco, el pedido plantea que “resulta imperioso solicitar la información pública en los términos de la Ley 27.275 dado el otorgamiento extraordinario de beneficios en forma masiva presos y requerirle entregue un listado que contemple el nombre completo de cada uno de los beneficiarios con prisión domiciliaria, el delito imputado o con condena firme –según corresponda– y la zona geográfica en la cual se encuentran cumpliendo su pena de modo alternativo de cada beneficiado por la Justicia nacional y federal”.

“Señora ministra, entiendo que los ciudadanos necesitan información real y concreta respecto del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia COVID-19 pues se trata del único camino para llevar tranquilidad a una sociedad que se ve permanentemente amenazada con la idea del arribo de hordas de delincuentes recién liberados a su barrio o ciudad. Además entiendo que usted comprende mejor que nadie la importancia de lo aquí solicitado en el entendimiento de la preservación de la libertad, la vida y los derechos y garantías de los ciudadanos en un marco de plena vigencia de la Constitución Nacional y las instituciones”.

La ley de acceso a la información tiene por objeto “promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública” sobre la base de que “toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley”. Si bien el Poder Judicial está incluido dentro del ámbito de aplicación de la ley, entre las excepciones aparece otorgar “información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona” o la “información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales”.

FUENTE: Infobae.

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